Por Catherine E. Shoichet, CNN
El cielo todavía está oscuro y las aceras están escalofriantementevacías cuando Soledad se dirige al trabajo.
El canto de los gorriones en una mañana lluviosa es interrumpido por el rechinado ocasional de los neumáticos que ruedan sobre el pavimento mojado. La ciudad todavía se está despertando. Soledad camina bajo la llovizna hacia una parada de autobús cerca de su apartamento.
En unos 30 minutos, marcará tarjeta y comenzará su día como conserje en un edificio gubernamental donde limpia los baños y las cocinas. Un corto viaje en autobús desde su vecindario le deja suficiente tiempo para tomar una taza de café rápidamente antes de comenzar su turno.
En una panadería del centro de Washington, la cajera esboza una cálida sonrisa al reconocer a Soledad al entrar. “¿Cómo está?”, le pregunta.
Soledad hace una pausa. Son muchas las preocupaciones que la agobian. “Pues, aquí”, contesta Soledad.
Porque sí, está aquí, en una ciudad en la que vive desde hace más de dos décadas. Pero no sabe cuánto tiempo más estará.
Soledad tiene lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal, o TPS (por sus siglas en inglés), que proporciona permisos de trabajo e impide que el gobierno la deporte a ella y a muchos otros inmigrantes que de otro modo serían indocumentados. Pero los días de esa protección podrían estar contados. El gobierno de Trump ya ha dicho que planea poner fin al TPS de cientos de miles de personas. Soledad teme que el TPS parasalvadoreños como ella, en poco tiempo, pueda ser el próximo en ser eliminado. Accedió a compartir su perspectiva con CNN, pero pidió ser identificada solo por su nombre de pila y que no se mostrara su rostro, porque teme que hablar pueda afectar su caso.
Los recordatorios de las inminentes amenazas están en todas partes. Mientras camina de la parada de autobús a su trabajo, Soledad a menudo pasa por frente a Casa Blanca, donde el presidente Trump y los funcionarios del Gobierno no han ocultado sus planes de hacer una deportación masiva.
Y en una reciente reunión de activistas locales, la inmigrante salvadoreña de 49 años dice que planteó una pregunta que nunca había esperado hacer: “¿Es Washington una ciudad santuario, o no lo es?”.
Durante el Gobierno anterior de Trump, los líderes de Washington expresaron su opinión sobre la protección de los residentes inmigrantes. Últimamente, dice Soledad, su silencio lo ha dicho todo.
“Te hace sentir como si te hubieran dejado sola, como si te hubieran abandonado”, dice Soledad.
No existe una definición oficial de “ciudad santuario”, y los distintos gobiernos le dan diferentes significados al término. Algunos ven la etiqueta más como un gesto simbólico que como un movimiento que realmente tiene un impacto en la vida de las personas. Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes han argumentado durante mucho tiempo que los funcionarios locales desempeñan un papel de importancia crítica. Tener una política en la ciudad puede ser la diferencia entre que alguien simplemente reciba una multa de tránsito o termine en un proceso de deportación.
“En este momento la comunidad inmigrante tiene dos formas de defenderse. Una son los tribunales, y la otra son los funcionarios locales”, dice Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del Distrito 32BJ del Área Capital del Sindicato Internacional de Empleados deServicios, SEIU (por sus siglas en inglés). “Y si los funcionarios locales le huyen a nuestra comunidad, eso… tiene un efecto devastador”.
Casi uno de cada cuatro residentes de Washington y su área metropolitana es inmigrante, según datos del censo. Y en el pasado, la alcaldesa Muriel Bowser con frecuencia solía referirse a Washington como una “orgullosa ciudad santuario”.
En un plan presupuestario publicado el martes, Bowser tomó un rumbo drásticamente diferente, proponiendo la derogación de la ley de Washington que prohíbe al Departamento de Correccionales de la ciudad cooperar con las autoridades federales de inmigración “sin que exista una orden judicial o una orden emitida por un juez federal”. CNN está tratando de obtener comentarios sobre por qué esa medida —denominada “Ley de Enmienda de Detención de 2025”— fue incluida en el presupuesto de Bowser.
Las líneas de su propuesta presupuestaria, que no mencionan el tema directamente pero reformarían una de las políticas que hacen “santuario” la ciudad, son un marcado contraste con la manera en que discutieron los temas de inmigración durante el gobierno anterior de Trump, y es el último de una serie de cambios de posturas políticas de Bowser.
Otro cambio reciente: la aparente eliminación de varios sitios web de la ciudad que usaban el término “ciudad santuario”.
Cuando se le preguntó sobre la aparente eliminación de las páginas web en los últimos meses, reportada por primera vez por Axios, un portavoz de la alcaldesa se refirió a los comentarios hechos por ella en una conferencia de prensa en febrero, pero se negó acomentar nada más. En ese evento, cuando un reportero le preguntó por qué había dejado de usar el término “ciudad santuario”, Bowser dijo que la frase de “engañosa”.
“Creo que es engañoso sugerir a alguien que, si estás violando las leyes de inmigración, este es un lugar donde puedes quedarte”, dijo. “Usted se expone a que se le aplique la ley federal de inmigración”.
Cuando se le preguntó qué mensaje enviaría a los inmigrantes indocumentados en la ciudad, Bowser ofreció lo que sonó más como una respuesta a los críticos conservadores.
“No tenemos una crisis migratoria en nuestra ciudad, así que no quiero que nadie piense que hemos sido invadidos y tenemos una crisis migratoria, porque no es así”, dijo.
El cambio en la respuesta de Bowser en materia de inmigración es una de las varias maneras en que la alcaldesa, una figura destacada en la resistencia demócrata durante el primer mandato de Trump, está adoptando un tono menos desafiante.
El cambio de enfoque se produce mientras Trump repite los ataques contra la ciudad de Washington y su liderazgo, amenazando con “apoderarse” de la ciudad.
La alcaldesa tiene buenos motivos para andar con cuidado, según Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos en Washington, una organización que sirve a la comunidad latina de la ciudad.
El estatus de la ciudad de Washington, en tanto distrito federal, la coloca, junto a sus más de 700.000 residentes, en una posición excepcionalmente precaria, dice Núñez. En 1973, el Congreso aprobó un estatuto que permitía a los residentes elegir líderes locales para administrar los asuntos cotidianos, pero los legisladores han amenazado con revertir ese acuerdo.
“Eso se puede quitar en cualquier momento. Nos tratan como a niños. Esa es la realidad”, dice Núñez. “Se nos permite manejar nuestros propios asuntos hasta que consideren qque ya no es oportuno que lo hagamos”.
Y ningún líder arriesgaría todo el futuro de su ciudad por un solo grupo, dice.
“No hay motivo como para provocar al oso… tienes que elegir qué batallas librar. Ser derrotado debido a la denominación de ‘ciudad santuario’, no creo que sea lo correcto. Estoy de acuerdo con la alcaldesa”, dice Núñez. “Hay que bajar el tono, cerrar el sitio web,hacer las cosas que hay que hacer para poder negociar tranquilamente”.
Pero algunos defensores de los inmigrantes son más críticos.
Contreras, quien representa a miles de personas que limpian, oficiales de seguridad y trabajadores de mantenimiento en el SEIU, dice que los trabajadores recordarán las acciones de sus líderes locales la próxima vez que se acerquen las elecciones.
“Algunos de estos funcionarios… se beneficiaron durante años del apoyo de cierta comunidad, la comunidad inmigrante en particular”, dice. “Y luego, cuando llega el momento de defenderla, huyen del problema en lugar de comprometerse y decir: ‘un momento, estos son seres humanos, estos son trabajadores, estos no son delincuentes’. Huyen de nosotros, y eso es frustrante e insultante”.
Y para los inmigrantes en la comunidad, el impacto no es solo emocional, dice.
“Tiene un efecto devastador en su día a día. Están atemorizados todo el tiempo. Si ven a un oficial de policía, se asustan. Si ven que ocurre un delito, no lo van a denunciar. Esto no es bueno, por razones de seguridad”, dice.
Minutos después de subir al podio a principios de este mes para dar su última conferencia de prensa como fiscal federal interino de Washington, Ed Martin dijo que tenía una advertencia para los ciudadanos de la ciudad.
El estatus del distrito, como ciudad santuario, está “paralizando” los intentos de las fuerzas del orden locales para hacer que Washington sea más seguro, dijo Martin.
“Es necesario que haya una discusión firme ahora sobre el estatus de santuario de Washington, y su sistema de justicia y sus jueces, y si eso significa que esa norma del gobierno local se ponga sobre la mesa, que así sea”, dijo.
En el pasado, los funcionarios de Washington han utilizado el término ciudad santuario para describir cosas como la política del Departamento de Policía Metropolitana de no preguntarle a las personas sobre su ciudadanía o estatus de residencia, o lo que tieneque ver con el financiamiento, por parte de la ciudad, de los servicios legales para inmigrantes. En 2020, el Concejo Municipal aprobó una “Ley de Enmienda de los Valores Santuario”, que limita al Departamento Correccional de la ciudad a cooperar con las autoridades federales de inmigración “si no existe una orden judicial u orden emitida por un juez federal”.
Muchas de las ciudades más grandes del país cuentan con políticas de santuario. Los partidarios de las medidas argumentan que protegen a las comunidades al fomentar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas del orden. Los críticos, incluido el presidente Trump, dicen que ponen en peligro la seguridad pública.
El segundo Gobierno de Trump ha hecho del ataque a las ciudades santuario un pilar de su estrategia de aplicación de la ley, y el presidente las ha llamado “trampas mortales” que protegen a los delincuentes. Un juez federal falló recientemente en contra de las iniciativas de la administración para bloquear el financiamiento federal a las ciudades santuario, al hallar que partes de los decretos de Trump eran inconstitucionales.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia amenazó con enjuiciar a los funcionarios estatales y locales que se resistan a las medidas federales enérgicas contra la inmigración.
Los líderes republicanos en el Congreso también han criticado a las ciudades santuario, sobre todo en una audiencia en marzo ante un comité de la Cámara de Representantes, donde los legisladores interrogaron intensamente a los alcaldes de las principales ciudades santuario: Boston, Chicago, Denver y Nueva York. A la alcaldesa de Washington no se le pidió que compareciera.
Pero los funcionarios se han centrado en las políticas de santuario de la capital de otras maneras.
El decreto de Trump “Making the District of Columbia Safe and Beautiful (Hacer que la ciudad de Washington sea segura y hermosa)”, emitida a fines de marzo, creó un grupo detrabajo federal cuya misión incluye “monitorear el estatus de ciudad santuario del distrito y el cumplimiento de la aplicación de la ley federal de inmigración”. El decreto también pide que el grupo de trabajo dirija la “máxima aplicación” de la ley federal de inmigración, y que redirija los recursos disponibles para la aplicación de la ley “para detener y deportar a los extranjeros ilegales en el área metropolitana de la ciudad de Washington”.
Y los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado han presentado un proyecto de ley con el objetivo de eliminar las leyes santuario de Washington, argumentando que tienen “consecuencias devastadoras en la vida real”.
Al presentar la versión del proyecto de ley del Senado el mes pasado, el senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee, calificó las políticas de la ciudad de Washington de “inconcebibles”.
“Las iniciativas del presidente Trump para hacer cumplir las leyes de inmigración no deben ser socavados por el liderazgo local en ningún lugar de los Estados Unidos, y mucho menos en Washington, Distrito de Columbia”, dijo.
No hace mucho tiempo, muchos inmigrantes veían a Washington como uno de los lugares más seguros para vivir, según Antonia Peña, líder del Capítulo de Care in Action de Washington, quien representa a niñeras, personas que limpian casas y cuidadores.
Las políticas del distrito, incluido el salario mínimo y las protecciones laborales, se encuentran entre las mejores de la región, dice. “Y en términos de inmigración, Washington siempre ha sido considerada un santuario”.
Pero ahora, dice, dadas las presiones que el gobierno federal ejerce sobre Washington, muchos inmigrantes están comenzando a ver la ciudad de manera diferente.
“Washington en este momento se está convirtiendo en el área con la menor protección, legalmente hablando”, dice. “Y eso es lo que le hemos estado explicando a la gente, hablando de ello y aceptándolo de alguna manera, porque esto es algo de gran impacto debido al Gobierno, algo que nadie esperaba”.
Los altos costos ya estaban haciendo que muchos trabajadores reconsideraran vivir en la ciudad, dice. “Ahora esto se va a convertir en un motivo más para mudarse de Washington”, dice.
A solo unos meses del inicio del nuevo gobierno de Trump, los líderes de las organizaciones de defensa de los inmigrantes en Washington dicen que los temores están a flor de piel.
“La necesidad es tan grande y las amenazas son tan grandes… que me estoy quedando sin recursos, porque estamos agotados”, dice el reverendo Julio Hernández, de la Congregation Action Network (Red de Acción de la Congregación).
Recientemente, dice que ha recibido llamadas sobre personas que han sido desalojadas porque algunos propietarios ya no quieren alquilarles a inmigrantes indocumentados. A muchos les preocupa que el departamento de policía del distrito pueda ser federalizado,dice, lo que convertiría a los oficiales que patrullan las comunidades en agentes de inmigración.
“Hay una gran preocupación por lo que puede venir”, dice Hernández. “La sensación es que, si hay más fondos, entonces habrá un mayor aumento en las redadas de inmigración. Y Washington es un blanco bastante fácil… si pierden su autogobierno, creemos que hay un peligro aún mayor para la ciudad y para sus residentes”.
En una noche de primavera, los manifestantes se concentran en un parque para participar en una manifestación en el vecindario Mount Pleasant de Washington. Soledad está entre la multitud.
En el pasado, podría haberse unido a los oradores en el escenario y compartir su historia. Pero hoy, ella lo ve todo desde la barrera. Los organizadores de esta protesta le dijeron que les preocupaba que los que no fueran ciudadanos estadounidenses pudieran ser atacados por decir lo que piensan.
Así que Soledad no le cuenta a esta multitud sobre los años que ha pasado luchando por los derechos de los inmigrantes, o sobre su hija de 15 años, una estudiante estrella y ciudadana estadounidense, que a menudo ha estado a su lado. En vez de hacer eso, hoy ella escucha.
Algunos oradores en la manifestación usan máscaras para proteger su identidad.
¿Cómo es posible que ser un inmigrante en Washington signifique tener vivir con miedo?”, pregunta uno de los oradores.
“No fue hasta que me mudé a Washington que sentí que pertenecía a este país”, dice otro.“Siento que nuestros funcionarios, con su silencio, están quitándonos nuestros derechos… nosotros mismos somos los únicos que podemos mantenernos a salvo”.
Los organizadores y participantes de esta protesta dicen que los líderes de Washington deberían hacer contra las políticas antimigratoria de Trump.
“Luchamos mucho para crear las políticas santuario, y no vamos a permitir que el Congreso las elimine sin luchar”, le dijo Oliver Merino, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, a WJLA, afiliada de CNN. “La comunidad quiere que la alcaldesa y el concejo municipal den un paso al frente y digan públicamente que protegerán nuestras políticas de santuario que mantienen segura a nuestra comunidad”.
Uno de los organizadores dice desde el escenario que los miembros del Concejo Municipal fueron invitados al evento, pero ninguno de ellos se presentó.
Los nombres de cada miembro del consejo es leído, uno por uno, y luego se pegan sus fotos en una barandilla en el escenario.
“¿Está aquí o no?”, pregunta la organizadora, estirando el cuello y mirando a la multitud como un marinero que escudriña el horizonte.
No pasa mucho tiempo para que la multitud responda: “¡NO ESTÁ!”. Las fotos de algunos concejales se caen de la barandilla con la brisa de la tarde.
“Hasta los papeles con las fotos tienen miedo”, bromea alguien entre la multitud.
Cuando se les preguntó por correo electrónico si Washington sigue siendo una ciudad santuario, las oficinas de los 13 miembros del consejo de la ciudad evitaron responder a CNN.
No es raro toparse con críticos de las medidas contra la inmigración del presidente en Washington. Trump obtuvo menos del 7 % de los votos emitidos aquí en las últimas elecciones presidenciales.
Pero Washington no es como otras ciudades progresistas, según Rick Su, distinguido profesor de derecho en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Muchas ciudades que se enfrentan con el gobierno federal por la inmigración tienen estados que las protegen, dice.
“Lo gracioso y lo aterrador es que Washington es esencialmente… una criatura del gobierno federal, del Congreso, del presidente”, dice Rick Su.
Aunque no está claro si el Congreso realmente quiere asumir el desafío de volver a gobernar la ciudad, dice Su, los legisladores podrían aprobar otro estatuto para retomar el control.
Dada esa realidad, Su dice que parece que los líderes de la ciudad están siguiendo una política que él ha denominado “santuario silencioso”.
Rick Su dice que probablemente los líderes de la ciudad piensen que todavía pueden lograr lo que quieran, “siempre y cuando mantengan un trato muy amigable y una cara pública sumisa”.
Soledad camina frente a la Corte Suprema con una bolsa de mano estampada con las tres estrellas rojas y las dos franjas rojas de la bandera de la ciudad.
La deja cerca de los escalones del edificio y saca varias pancartas y un megáfono que había metido dentro. Soledad y decenas de otras personas están llevando a cabo una vigilia para apoyar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el gobierno de Trump ha dicho que eliminará y que afecta a cientos de miles de venezolanos.
En cuestión de semanas, una decisión de la Corte Suprema despejará el camino para que el plan de la administración entre en vigor mientras continúan los desafíos legales sobre el tema en los tribunales.
Pero en esta noche de principios de mayo, Soledad y los otros manifestantes dicen que están ejerciendo presión para así llamar la atención sobre su causa antes de que sea demasiado tarde.
A pesar de que ha estado lloviendo toda la tarde, se ha reunido una cantidad de personas considerable y sale el sol. Pero muchos de los reunidos están preocupados, no solo por la inminente decisión de la corte, sino también por los informes y rumores que han estadocirculando en la ciudad durante toda la semana.
Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional entregaron más de 100 avisos de inspección en negocios en el área de la ciudad. La agencia dijo que era una iniciativa para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y de inmigración.
Bowser les dijo a los periodistas que la policía del distrito no estaba involucrada y que “le perturbaba” lo que había escuchado que había sucedido.
“Parece que ICE va a restaurantes o incluso a los vecindarios”, dijo ella, “y no parece que están teniendo como objetivo a los delincuentes. Es disruptivo”.
Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes criticó a la alcaldesa por aparecer en un evento con Trump, mientras que los informes sobre las iniciativas de aplicación de la ley dejaron aterrorizadas a las comunidades de inmigrantes en la ciudad.
A Soledad le preocupa que los agentes de ICE puedan presentarse en esta protesta, y sabe que otros también están preocupados por eso.
Recientemente, ha sido más cautelosa a la hora de expresar lo que piensa. En una protesta a la que asistió a principios de este mes, le prestó su megáfono a otra persona para que expresara su opinión.
Sin embargo, con cada día que pasa, se preocupa más por lo que podría suceder si no habla, que por lo que sucederá si lo hace. Para ella y para tantas otras personas cuyas vidas están en juego, dice, quedarse callada simplemente no es una opción.
No puede imaginar verse obligada a abandonar la vida que ha trabajado duro para construir o tener que llevarse a su hija lejos del único hogar que ha conocido.
“Un pueblo unido jamás será vencido”, grita (en español) por el megáfono.
Siguiendo su ejemplo, la multitud repite el popular mantra de protesta.
Luego, Soledad grita una línea menos conocida que se ha convertido en su mensaje favorito: “Un pueblo callado jamás será escuchado”.
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Gabe Cohen de CNN contribuyó a este informe.
Washington solía ser considerada una ciudad santuario… hasta el regreso de Trump News Channel 3-12.
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