Por Devan Cole, CNN
La expulsión a Honduras de tres niños ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno de Trump la semana pasada pone de relieve cómo su histórica campaña de deportación puede dar lugar a circunstancias extraordinarias y a violaciones de las políticas internas y del debido proceso, diseñadas para evitar este tipo de situaciones, según expertos legales.
Ese enfoque, a veces descuidado, ha hecho que el Gobierno se enfrente a los derechos parentales de algunos adultos indocumentados y a los derechos de sus hijos ciudadanos estadounidenses, quienes gozan de las mismas protecciones legales que otros ciudadanos estadounidenses.
Tres niños pequeños de dos familias fueron llevados a Honduras con sus madres, quienes fueron deportadas horas o días después de asistir a reuniones de rutina con funcionarios en Luisiana como parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva.
El Gobierno de Trump argumenta que los niños ciudadanos estadounidenses siempre pueden regresar a Estados Unidos, por lo que sus derechos al debido proceso son diferentes a los de los no ciudadanos, y ha alegado que las madres de los niños recientemente deportados querían mantener a sus hijos con ellas, algo que ellas han cuestionado.
Sin embargo, según informaron expertos a CNN, las deportaciones también contravienen una política interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que establece procedimientos para garantizar que situaciones como estas se gestionen de forma mucho más metódica y a largo plazo.
“Actualmente, el énfasis está en los números: deportar a la mayor cantidad posible de personas. Todas estas son madres con órdenes de deportación, por lo que son fáciles de deportar. No es necesario pasar por un proceso de audiencia completo a menos que un juez de inmigración conceda una petición para reabrir el caso. Por lo tanto, el enfoque está en simplemente sacarlas por la puerta”, dijo Stacy Brustin, experta en inmigración y derecho familiar, quien se desempeña como directora de la Iniciativa de Derecho y Política de Inmigración de Catholic Law. “Sin embargo, este mecanismo apresurado vulnera el derecho al debido proceso de todos los involucrados y viola directamente la propia directiva política del ICE”.
“Esta directiva es muy clara respecto de que el ICE no debe apresurar la deportación cuando los derechos de padres e hijos están en juego; debe haber un proceso meditado”, añadió.
En un caso, una madre fue deportada y se llevó a su hijo de dos años, mientras que en el otro caso, otra madre fue deportada y sus hijos de cuatro y siete años se fueron con ella. Los abogados de las mujeres afirman que no querían que los niños se fueran con ellas, pero funcionarios estadounidenses dijeron lo contrario, lo que complica aún más el asunto.
Los abogados de la niña de dos años, identificada en los documentos judiciales como V.M.L., habían solicitado la intervención de emergencia de un juez federal, pero ella y su madre ya habían sido deportadas a Honduras para cuando el juez pudo evaluar completamente la situación.
En un fallo de la semana pasada, el juez federal de distrito Terry Doughty fue cuidadoso al señalar las declaraciones contradictorias sobre los deseos de la madre de V.M.L., y dijo que desconoce si realmente quería que su hija se quedara con ella.
Doughty, designado por el presidente Donald Trump, se mostró preocupado por la confusa situación.
“Por supuesto: ‘es ilegal e inconstitucional deportar, detener para su deportación o recomendar la deportación de un ciudadano estadounidense’”, escribió citando un escrito de un caso de 2012 sobre un ciudadano estadounidense que fue deportado injustamente.
El juez ha programado una audiencia este mes para “disipar cualquier sospecha de que el gobierno simplemente deportó a un ciudadano estadounidense sin un proceso formal”.
Varios funcionarios del Gobierno de Trump han afirmado que las madres dijeron que querían que sus hijos ciudadanos estadounidenses se fueran con ellas, incluyendo al zar fronterizo de Trump, Tom Homan, quien declaró a principios de esta semana que las madres tomaron la “decisión maternal” de salir del país con los menores. Homan también afirmó que el Gobierno habría enfrentado críticas similares a las que generó la indignación pública por la llamada política de tolerancia cero del primer mandato de Trump, que resultó en la separación de familias migrantes mientras el gobierno iniciaba procesos penales contra todos los adultos que cruzaban la frontera ilegalmente.
“Si no lo hubiéramos hecho, la historia hoy sería: ‘El Gobierno de Trump separa a las familias otra vez’”, declaró Homan. “No, estamos manteniendo unidas a las familias”.
En circunstancias como la de V.M.L., un padre o madre suele tener pocas opciones, según informaron expertos a CNN.
Podría quedarse con su hijo siempre que el otro progenitor, si está presente, dé su consentimiento. En ese caso, el niño podría obtener un pasaporte a través de una embajada o consulado estadounidense y tendría derecho a entrar y salir de Estados Unidos incluso si no reside de forma permanente en el país.
Pero el padre o madre también podría decidir dejar al niño con el otro progenitor si este reside en Estados Unidos o incluso designar a un tercero, como un familiar o amigo, como cuidador que se quede con el niño y tome decisiones sobre su cuidado.
Finalmente, si el padre o madre no desea considerar las otras opciones, podría solicitar a los servicios de protección infantil que intervengan para encontrar un familiar o un padre o madre de acogida que cuide al niño.
Todas estas opciones están contempladas en la política de ICE de 2022, que normalmente requiere un proceso que podría tardar días o semanas. Pero en el caso de las dos madres, las deportaciones se produjeron a una velocidad vertiginosa, lo que dejó poco margen para que los padres optaran por alguna de estas opciones.
Sin embargo, las deportaciones rápidas han sido una de las claves de la estrategia de la administración, y se han convertido en la razón por la que Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad del siglo XVIII en tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
“Lo que estamos viendo es la necesidad imperiosa de llenar los aviones y la prisa por atacar a cualquiera que puedan, para poder tener un tema de debate sobre cómo están deportando a tanta gente”, dijo Sirine Shebaya, del Proyecto Nacional de Inmigración, que representa a la persona que presentó la demanda en nombre de V.M.L.
“Eso no es tratar a las personas con dignidad ni respeto”, continuó. “No se les está brindando la atención que merecen a los niños y menores, y ciertamente está provocando numerosas violaciones de derechos, incluyendo los derechos de los niños que son ciudadanos estadounidenses”.
En el caso de V.M.L., el padre de la niña pudo hablar brevemente por teléfono con su pareja antes de su deportación, pero un oficial de ICE finalizó la llamada antes de que pudiera proporcionarle la información de contacto de sus abogados, según documentos judiciales.
Además de las tres opciones disponibles para los padres indocumentados de niños ciudadanos estadounidenses, también es posible que, con tiempo suficiente, las madres hubieran podido recurrir a un proceso especial de la ley de inmigración que les habría permitido evitar por completo la deportación para no ser una carga para sus hijos.
Los abogados se inclinaron por esa posibilidad en el caso de la madre de la niña de cuatro años, quien recibía tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos antes de su deportación.
En ciertas circunstancias específicas, las personas en riesgo de ser deportadas pueden intentar evitar su proceso de deportación y obtener un estatus legal si han estado en Estados Unidos durante 10 años, cumplen con la ley y pueden demostrar que su deportación crearía una “dificultad excepcional y extremadamente inusual” para un familiar cercano que sea ciudadano o residente permanente legal.
Estas cancelaciones de deportación son poco frecuentes (se limitan a 4.000 al año) y toman tiempo, afirmó Andrew Schoenholtz, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown y experto en derecho migratorio.
“Pero también, mediante ese proceso, cabría esperar que los padres tuvieran tiempo suficiente para asegurarse de que se cumpliera lo que realmente deseaban para sus hijos ciudadanos estadounidenses, ya fuera que permanecieran en Estados Unidos con un tutor legal o que regresaran a Honduras con ellos”, añadió.
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¿Qué sucede con los niños que son ciudadanos estadounidenses y quedan atrapados en la campaña de deportación de Trump? News Channel 3-12.
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