Por Merlin Delcid, CNN en Español
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales. Este dinero, según la Ley, será destinado para obras de interés general o social.
Las autoridades dicen que esta nueva normativa busca transparentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y que los salvadoreños puedan conocer a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública.
La Ley fue aprobada con 56 votos a favor y tres en contra, de 60 posibles. La normativa establece que las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior deben inscribirse por medio de una declaración jurada, en un plazo de 90 días a partir de la vigencia. No hacerlo implicaría que no podrían realizar actividades y se expondrían a multas que irían de US$ 100.000 hasta US$ 250.000, según el decreto aprobado.
La Ley también contempla la creación de un registro que estará a cargo del Ministerio de Gobernación.
Las organizaciones que lo consideren necesario podrán solicitar la no aplicación de esta normativa, que será evaluada por el Gobierno. La exclusión sería por un período de un año prorrogable automáticamente, según la Ley aprobada.
El texto establece que, para la exoneración, las organizaciones deberán brindar información sobre la naturaleza del proyecto, el ente que otorga los recursos y la obra que se ejecutará. No cumplir lo informado al Gobierno es causa suficiente para la cancelación de la exoneración, dice el texto leído durante la Sesión Plenaria.
La iniciativa, anunciada la semana pasada por el presidente Nayib Bukele, recibió críticas.
“Es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión, la libertad de asociación (…) Somete a estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional y aunque establece exclusiones los criterios son discrecionales y ambiguos”, dijo la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos.
Los diputados del oficialista partido Nuevas Ideas rechazaron las críticas y aseguraron que la Ley solo busca transparentar los intereses de los donantes.
“Ellos (las ONG) pueden seguir igual y pueden dedicarse a lo que quieran, incluyendo aquellas que sigan queriendo dedicarse a actividades políticas, solo que ahora van a pagar el 30%”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y miembro de Nuevas Ideas.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, dijo cuando Bukele anunció la Ley que la normativa serviría para “atacar a las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes”.
La Ley fue propuesta por Bukele después de que varias familias del cantón El Triunfo, en Santa Tecla —al suroeste de San Salvador—, protestaron cerca de la casa del mandatario en busca de que el Ejecutivo interviniera para detener su desalojo ordenado por un tribunal.
Las familias, agrupadas en una cooperativa, dicen que han habitado ese lugar desde 1985 y que serán desalojados por no poder pagar un préstamo debido a que una plaga dañó la cosecha en 1998. La deuda asciende, según el acreedor, a más de US$ 800.000.
En esa ocasión, Bukele dijo que las familias fueron “manipuladas” para protestar por “grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”. Agregó que su propuesta de ley serviría para que, con los recursos que se obtengan, se pague la deuda que tiene la cooperativa y de esa manera puedan quedarse en los terrenos. Según Bukele, de esta manera las ONG podrán “ayudar al pueblo”.
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