Por Karina Tsui, CNN
El gobierno de Donald Trump pretende utilizar una ley civil antifraude para investigar y, potencialmente, sancionar y retirar la financiación federal a las universidades que promuevan políticas de diversidad e inclusión, anunció el lunes el Departamento de Justicia.
En un memorando, el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, afirmó que la Ley de Reclamaciones Falsas, parte de la Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles, se aplicará “cuando un contratista federal o un receptor de fondos federales viole a sabiendas las leyes de derechos civiles”.
En el memorando, Blanche cita el antisemitismo y el acceso a ciertos deportes femeninos en los campus como posibles ejemplos de cuándo podría implementarse la Ley de Reclamaciones Falsas, describiendo estos casos como discriminatorios o que asignan “beneficios o cargas” en función de la raza y la etnia.
El Departamento de Justicia solicitará multas y daños y perjuicios en los casos en que se detecten infracciones, y también considerará la aplicación de medidas penales para ciertas infracciones, según el memorando. La Ley de Reclamaciones Falsas se remonta a la Guerra Civil y permite al gobierno recuperar fondos hasta tres veces superiores a los daños que sufre, además de las sanciones, perdidos debido al fraude, según el Departamento de Justicia.
El anuncio del Departamento de Justicia forma parte de la idea más amplia del presidente Donald Trump de purgar las iniciativas de diversidad de las universidades mediante la retención de fondos educativos cruciales. Decenas de universidades en todo el país ya han apaciguado a la administración; algunas han cancelado abruptamente las iniciativas de DEI, despidiendo personal universitario y prohibiendo el uso de palabras como “igualdad” y “género”, lo que podría generar controversia.
Sin embargo, estos esfuerzos no las han librado de recortes masivos de fondos.
La secretaria de Justicia Pamela Bondi, quien el mes pasado emitió un memorando que ordenaba al Departamento de Justicia limitar la atención de afirmación de género para menores, respaldó la nueva iniciativa, advirtiendo a las universidades que promueven políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que están “poniendo en riesgo su acceso a fondos federales”, según un comunicado.
En un esfuerzo por restaurar sus más de US$ 2.000 millones en fondos federales bloqueados, la Universidad de Harvard, a finales de abril, cambió el nombre de su oficina de diversidad, equidad e inclusión a la Oficina de Vida Comunitaria y Universitaria.
La universidad también declaró que no organizaría ni financiaría celebraciones de grupos de afinidad durante la ceremonia de graduación, después de que el Departamento de Educación amenazara con recortar fondos si Harvard no cancelaba las celebraciones de graduación que podrían separar a los estudiantes por raza.
En una carta dirigida a Harvard la semana pasada, el Departamento de Justicia indicó que la administración Trump estaba investigando si el proceso de admisión de la universidad se había utilizado para defraudar al gobierno al incumplir una sentencia de la Corte Suprema que puso fin a la acción afirmativa, según The New York Times.
La carta, revisada por el Times, indicaba que la investigación se había iniciado bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
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