Por Karen Esquivel y Sol Amaya, CNN en Español
Cientos de migrantes acusados sin pruebas de ser criminales y enviados a una cuestionada prisión en El Salvador sin pasar por un proceso judicial; en algunos casos, incluso, en contra de órdenes judiciales concretas. Madres indocumentadas que habrían sido obligadas a decidir si ser expulsadas del país solas o llevarse con ellas a sus hijos ciudadanos estadounidenses, o la deportación por un “error” administrativo de un hombre salvadoreño pese a que contaba con una protección judicial contra su expulsión y la negativa del gobierno federal a “facilitar” su retorno al país en claro desafío a una orden de la Corte Suprema de Justicia del país.
La lista sigue y se vuelve cada vez más preocupante, advierten expertos consultados por CNN, pues son casos en los que la administración del presidente Donald Trump no habría cumplido el debido proceso judicial en su cruzada contra la inmigración ilegal. Ahora muchos se preguntan ¿hasta dónde llegará para cumplir con sus promesas de campaña de deportaciones masivas?
A inicios de abril, Trump incluso dijo que estaría “muy contento” si pudiera enviar a ciudadanos estadounidenses detenidos a El Salvador, pese a que él mismo reconoció no saber si tiene el derecho legal de hacerlo.
El hecho de que el mandatario no vea restricciones en sus acciones y aparentemente no tema pagar ningún precio por ellas preocupa a múltiples sectores: demócratas, críticos, defensores de derechos humanos, abogados, inmigrantes indocumentados y, ahora también, a ciudadanos estadounidenses, advierten expertos consultados por CNN.
En una entrevista en el programa “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Trump dijo que no sabe si respetará la Constitución, aunque tres meses atrás juró hacerlo. Y cuando se le preguntó si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho al debido proceso, respondió: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.
El debido proceso se encuentra en la Quinta y en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La primera garantiza que ninguna persona será privada de “vida, libertad o propiedad sin el debido proceso”, mientras que la segunda señala que ningún estado privará de “vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de la ley”.
El abogado de inmigración Jaime Barrón explicó a CNN que “el debido proceso en la ley de inmigración garantiza que toda persona, sin importar su estatus migratorio, reciba un trato justo antes de ser deportada o privada de sus derechos. Incluye el derecho a ser notificado, tener una audiencia ante un juez, presentar pruebas y ser representado por un abogado”.
En Estados Unidos, los extranjeros en procesos migratorios no tienen derecho a un abogado de oficio, por lo que deben pagar uno, recurrir a la representación pro bono o proceder pro se, que significa representarse a sí mismo en una corte.
Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, coincide en que para que haya derechos constitucionales, tiene que observarse el debido proceso, que significa que toda persona tenga un campo nivelado donde puedan escucharse sus posiciones legales.
“Ese campo nivelado son las reglas del juego en el que las personas tienen el derecho a un proceso judicial en el que puedan expresar su punto de vista ante un juez, una corte o un tribunal, que puedan presentar libremente su defensa, especialmente en casos de inmigración o en casos de delitos, el derecho fundamental de un acusado a presentar su punto de vista ante un tribunal neutro”, subrayó.
Para Gabriel “Jack” Chin, académico de derecho de inmigración de la Universidad de California en Davis, “el debido proceso es fundamentalmente la idea de que una persona tiene el derecho a ser notificada sobre cualquier posible acción en su contra y que pueda ser evaluada. La oportunidad de ser escuchada antes de que se decida su situación.
El Gobierno de Trump también considera la suspensión del habeas corpus, un principio legal para evitar los abusos de poder, que permite a las personas que creen que están siendo detenidas o encarceladas ilegalmente de solicitar su liberación en un tribunal, y que está ligado al debido proceso.
“Es una medida de protección de la libertad individual, según la cual nadie puede estar privado de su libertad sin las normas del debido proceso, es decir, si hay una persona detenida, un juez es quien determina la legalidad o no de esa detención”, explicó el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, quien advirtió que en caso de que sea suspendido “sería una regresión inaceptable para la cultura occidental”.
La Constitución estadounidense señala que el habeas corpus solo puede ser suspendido “en casos de rebelión o de una invasión a la seguridad pública”.
La actuación de la administración Trump en casos como el de Kilmar Ábrego García, el hombre de nacionalidad salvadoreña que reside en Maryland y que fue deportado “por error” (según el Gobierno) a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a quien Trump se ha negado a devolver a Estados Unidos a pesar de reconocer que tiene la facultad de hacerlo, marca un parteaguas en violaciones al debido proceso, no solo en casos de titulares de visas, solicitantes de asilo o residentes legales, sino también de ciudadanos estadounidenses.
Chin, de la Universidad de California, señala que los peligros de que no se respeten los derechos constitucionales de las personas son muy claros debido a casos como el de Ábrego García, quien contaba con una orden judicial que impedía su deportación a El Salvador por amenazas de pandillas. “Él no debió haber sido deportado, fue un error y tanto el Gobierno de EE.UU. como el de El Salvador podrían rectificar”, dijo.
“Sin el proceso justo, una máquina burocrática que no es tan cuidadosa como debería ser, comete errores. Y sin el debido proceso, esos errores no serán detenidos. Con el proceso justo, sí”, agregó.
La dura línea de la administración Trump contra la inmigración ilegal no ha hecho más que escalar. Primero fue con los venezolanos que el Gobierno deportó a El Salvador bajo acusaciones de ser miembros de la pandilla Tren de Agua, sin darles la oportunidad de defenderse ante un tribunal, sin un abogado y a pesar de la orden de un juez de devolver cualquier avión que transportara a personas deportadas. La Casa Blanca no presentó públicamente pruebas de las acusaciones y familiares de algunos de los deportados, así como el Gobierno de Venezuela, han desmentido esa acusación.
Para concretar la mayoría de esas deportaciones, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo había sido utilizada tres veces en el pasado y siempre en tiempos de guerra, bajo el argumento de que el flujo de presuntos miembros de pandillas de Venezuela constituye una invasión. Esto le permitió acelerar las deportaciones masivas, pero desencadenó una batalla en los tribunales. Pero ese frente de la deportación masiva bajo esa ley ha estado en los tribunales.
Después de varios fallos a favor y en contra en cortes de distrito, la semana pasada, la Corte Suprema de decidió impedir que el presidente Donald Trump avance con las deportaciones de un grupo de inmigrantes en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La medida les da la razón a un grupo de venezolanos en Texas que estaba a punto de ser expulsados del país bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra.
Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las cuestiones subyacentes del asunto, incluidas la legalidad o no del movimiento del presidente y la anticipación con la que debería informarse a los migrantes afectados.
La decisión de la Corte Suprema representa una derrota significativa para Trump, pero se trata de una medida temporal y la batalla legal sobre la invocación del presidente ha continuado en simultáneo en distintos tribunales federales de todo el país.
Aun así, las autoridades han deportado a más venezolanos a El Salvador con base en otras medidas migratorias.
“En el caso específicamente de los venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua, fueron llevados a El Salvador sin darles la oportunidad de poder llamar a un abogado ni poder acudir ante un tribunal de inmigración. Simplemente el presidente los señaló, los montó en un avión y los sacó del país sin que esas personas tuvieran la más mínima oportunidad de defenderse”, resaltó Peñalver.
Los nombres de los deportados no han sido revelados por el gobierno, aunque un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en una declaración judicial que hubo una evaluación cuidadosa para garantizar que fueran miembros del Tren de Aragua y que brindaron amplias descripciones de los delitos por los que fueron arrestados, aunque ninguna prueba se ha dado a conocer.
Otro ejemplo fue la expulsión a Honduras de tres niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres deportadas, que habían asistido a reuniones de rutina con funcionarios en Louisiana como parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva.
El Gobierno de Trump aseguró que los tres niños, incluido un menor de 4 años que recibía tratamiento para cáncer metastásico, fueron enviados al país centroamericano por decisión de sus madres, sin embargo, un juez dijo que el tribunal no sabía si eso había sido decisión de los padres y programó una audiencia para el 16 de mayo en el caso de uno de los niños, citando la necesidad de resolver una fuerte sospecha de que las autoridades pudieron haber “deportado” a un ciudadano estadounidense sin ofrecer un debido proceso.
La situación puso de relieve las violaciones de las políticas internas del ICE y el debido proceso, según los expertos, quienes agregaron que las deportaciones contravienen una política interna del ICE, que establece procedimientos para garantizar que este tipo de situaciones se gestionen de forma metódica y a largo plazo.
“Este mecanismo apresurado vulnera el derecho al debido proceso de todos los involucrados y viola directamente la propia directiva política del ICE”, señaló Stacy Brustin, experta en inmigración y derecho familiar.
Otra preocupación de detener y deportar personas sin darles el derecho legal a defenderse puede ser “el comienzo de un gobierno fascista y autoritario en el que se eliminan los derechos constitucionales”, dijo Barrón y agregó que en eso reside la importancia de proteger el debido proceso.
“Hemos visto una serie de violaciones a derechos constitucionales a la libertad de expresión (…) al debido proceso, que es un derecho fundamental en el país. Es algo que no hemos visto en por lo menos un siglo”, dijo a CNN María McFarland, abogada y experta en Derechos Humanos y presidenta de RepresentUS.
“Lo que está haciendo este gobierno es atacar los derechos especialmente de inmigrantes, pero si logra continuar con estos abusos y desobedecer a las cortes, lo que hace es abrir un espacio para hacer lo mismo con ciudadanos”, indicó McFarland.
Trump dijo a principios de abril que estaría “muy contento” si pudiera enviar a ciudadanos estadounidenses encarcelados a la megaprisión de alta seguridad de El Salvador, una medida que, según el gobierno, aplicaría a “criminales atroces y violentos que han violado repetidamente las leyes de nuestra nación”. La Casa Blanca afirmó que el planteamiento es analizado por el equipo legal.
Sin embargo, expulsar a ciudadanos estadounidenses encarcelados representaría una grave violación constitucional y legal. Según Barrón, esto infringe la Quinta Enmienda y puede considerarse una detención ilegal, además de violar leyes migratorias que solo aplican a los no ciudadanos.
Haciendo una recapitulación de los hechos, Peñalver señala que el Gobierno de Trump comenzó con la deportación de inmigrantes indocumentados, luego con presuntos miembros del Tren de Aragua, seguidos de otros extranjeros, y ha dicho que analiza si existe una vía legal para enviar a ciudadanos estadounidenses a cárceles de El Salvador, las mismas que el propio gobierno estadounidense ha criticado en el pasado por presunta violación a los derechos humanos, algo que el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha negado.
“(Con este tipo de acciones) siempre se pone por delante a las personas que tienen poco apoyo de la población, pero después se extiende a distintos grupos, hasta que al fin te toque a ti, y entonces será muy tarde”, advierte el abogado constitucionalista.
En un intento por contrarrestar la constante arremetida de Trump contra los inmigrantes, miles de personas han salido a las calles en todo el país en una serie de protestas contra las políticas del gobierno federal, particularmente en materia inmigratoria. En abril, las manifestaciones “50501” —abreviatura de 50 protestas, 50 estados, un movimiento—, condenaron lo que tildaron como extralimitaciones ejecutivas, incluidas deportaciones sin el debido proceso, el desmantelamiento de agencias federales y amenazas a la educación superior.
Grupos Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) intentaron detener las deportaciones bajo la normativa de Ley de Enemigos Extranjeros, utilizando ampliamente una ley federal que establece cómo una administración promulga regulaciones y otras políticas. Ahora, cada individuo puede tener que presentar su propia demanda de hábeas corpus y demostrar que el intento del gobierno de deportarlos es ilegal.
La línea entre quién está protegido por la ley y quién puede ser excluido en EE.UU. parece desdibujarse bajo medidas cada vez más severas. Los expertos consultados por CNN advierten que cuando los derechos se vulneran selectivamente, tarde o temprano, todos pueden verse afectados. En el sistema democrático estadounidense, los contrapesos del poder y las herramientas de defensa judicial son, aún, los caminos para proteger los derechos, coincidieron.
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Con información de Alejandra Jaramillo, Betsy Klein, John Fritze, Devan Cole, Karina Tsui, Samantha Waldenberg y Shania Shelton, de CNN.
El Gobierno de Trump busca cumplir sus deportaciones masivas: ¿viola el debido proceso para lograrlo? News Channel 3-12.
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