Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema escuchará este jueves argumentos sobre el plan del presidente Donald Trump de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento y limitar significativamente el poder de los tribunales federales para frenar su agenda, un caso que ha sido incluido rápidamente en la lista de la corte superior menos de cuatro meses después de su regreso a la Casa Blanca.
Aunque no está enmarcada como un caso sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por derecho de nacimiento, la apelación de emergencia pide sin embargo a la corte conservadora 6-3 que permita a la administración aplicar ampliamente un decreto que Trump firmó en su primer día en el cargo que negaría pasaportes y otros documentos a los bebés nacidos de ciudadanos no estadounidenses.
En el camino, Trump espera que una mayoría de jueces también impida que en el futuro los tribunales pausen sus políticas a nivel nacional.
En ese sentido, el caso –el primero que involucra a Trump y que se debate en la corte durante su segundo mandato– es la culminación del enfoque violatorio de las normas por parte de la administración en materia legal.
Trump, quien ha criticado duramente a los jueces que fallan en su contra, argumenta que son los tribunales los que se han extralimitado en su autoridad al cuestionar una agenda para la que fue elegido el año pasado. Los abogados de Trump han presentado su solicitud como “modesta”, un intento de limitar las órdenes judiciales que suspenden temporalmente su agenda solo a quienes las demandan, no al resto del país.
Trump no es el único que se muestra irritado por estas órdenes. Tanto presidentes demócratas como republicanos se han quejado de lo que consideran jueces “activistas”.
Pero una pregunta clave para la Corte Suprema –y una dinámica importante a observar este jueves– es si una mayoría de jueces está preparada para abordar esa cuestión más técnica con una decisión que podría, en efecto, permitir al Gobierno cambiar la forma en que se ha entendido la ciudadanía por derecho de nacimiento durante más de un siglo.
La garantía de la Enmienda 14 de que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” son ciudadanos fue ratificada en 1868, una respuesta a la infame decisión Dred Scott de la Corte Suprema que sostuvo que los afroamericanos no eran ciudadanos.
Esto es lo que hay que tener en cuenta este jueves:
Desde que la Corte Suprema acordó el mes pasado escuchar argumentos en la disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha habido un debate acalorado sobre qué, exactamente, discutirán los jueces durante más de una hora.
A primera vista, la apelación de emergencia, que Trump presentó en marzo, trata sobre si los tribunales inferiores excedieron su poder al impedir que Trump hiciera cumplir su decreto sobre la ciudadanía a nivel nacional.
Tales órdenes, dijo el Departamento de Justicia a los jueces en una serie de informes, han “alcanzado proporciones epidémicas” y “dañan irreparablemente nuestro sistema de poderes separados”.
Pero los grupos de derechos de los inmigrantes, los estados demandantes y muchos académicos predicen que será difícil separar por completo las cuestiones procesales de las implicaciones prácticas. Esto se debe a que el impacto práctico de una victoria de Trump es potencialmente enorme.
Si Trump obtiene todo lo que solicita de la Corte Suprema, la administración podría efectivamente hacer cumplir su orden de ciudadanía por nacimiento contra todos los residentes del país, excepto 18 personas, al menos a corto plazo. Esto requeriría potencialmente que cientos de miles de personas demandaran a la administración individualmente, o podría obligar a grupos de derechos de los inmigrantes a intentar presentar una demanda colectiva.
Algunos expertos creen que esas posibilidades pueden estar presentes en la mente de algunos de los jueces.
“Me decepcionaré si el tribunal no revela sus intenciones, hasta cierto punto”, dijo Vikram Amar, profesor de la Facultad de Derecho de la UC Davis.
“Una forma de lograrlo”, dijo, “es enviar una señal clara a la administración de que es poco probable que esta orden se implemente, incluso si no van a emitir un fallo formal al respecto ahora mismo”.
Un aspecto clave a observar será en qué medida los jueces plantean preguntas sobre el impacto en el mundo real de la solicitud de Trump, lo que podría ser un indicio de que ellos también están pensando en el caso en términos más amplios.
Una de las determinaciones que debe tomar el tribunal es si la administración Trump sufrirá un daño irreparable si se mantienen vigentes los tres fallos judiciales a nivel nacional o “universales” que bloquean la orden de derecho de nacimiento.
Como lo ha hecho en caso tras caso, la administración Trump ha argumentado que la mera imposición de una orden judicial temporal que bloquee su política crea una enorme carga porque viola los principios de separación de poderes.
“Esta situación es intolerable”, dijo el pProcurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración, a la Corte Suprema en argumentos escritos, citando el número relativamente alto de órdenes judiciales presentadas contra Trump en comparación con sus predecesores.
“Al permitir que jueces federales únicos y no electos coopten políticas enteras del poder ejecutivo a la mínima”, continuó Sauer, “crean una fricción interprofesional innecesaria y perpetran una invasión verdaderamente lupina” de la autoridad del presidente.
Pero los críticos replican que no es posible perjudicar a la administración al exigirle –temporalmente– que continúe con un enfoque que ha estado vigente durante más de un siglo.
Treinta años después de que se ratificara la 14ª Enmienda, la Corte Suprema dictaminó en el caso US v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos (en ese caso, hijos de inmigrantes chinos) tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con unas pocas excepciones limitadas.
“Las órdenes judiciales a nivel nacional son una de las herramientas que tienen los tribunales para detener las violaciones sistémicas de los derechos constitucionales y proteger a las personas de la actividad ilegal del Gobierno”, dijo Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, que presentó una de las demandas impugnando la orden.
“Este decreto es un buen ejemplo de eso”, dijo, “porque es flagrantemente inconstitucional”.
Además de argumentar que los tribunales excedieron su autoridad al bloquear la orden de ciudadanía por nacimiento, la administración Trump también afirma que a los estados no se les debería haber permitido demandar por esa orden en primer lugar.
Si la Corte Suprema acepta ese argumento, podría limitar significativamente la capacidad de los estados azules de presentar otras demandas que cuestionen otras políticas de Trump, así como frenar a los estados rojos que quieran demandar a presidentes demócratas en el futuro.
Y si una mayoría de jueces manifiesta su preocupación este jueves sobre la capacidad de los estados para presentar demandas, será una buena señal para Trump.
En los últimos años, la Corte Suprema ha limitado las circunstancias bajo las cuales los estados pueden demandar a un presidente. En un dictamen de 2023, que contó con el apoyo de jueces tanto conservadores como progresistas, la Corte Suprema determinó que Texas carecía de legitimación activa para interponer una demanda de igualdad de protección contra una ley federal de 1978 que exige que las agencias de adopción y acogida temporal den preferencia a las familias indígenas estadounidenses para los niños indígenas. El año pasado, una mayoría de 6 a 3 dictaminó que Louisiana y Missouri carecían de legitimación activa para demandar por los esfuerzos de la Casa Blanca para presionar a las plataformas de redes sociales para que eliminaran contenido que el Gobierno consideraba desinformación.
Ambas opiniones fueron escritas por la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la corte. Y el Departamento de Justicia se apoya considerablemente en ambas para argumentar que los 22 estados que demandan por la ciudadanía por nacimiento deberían ser excluidos del litigio.
Pero los estados afirman tener un argumento más sólido en el caso del derecho de nacimiento porque no demandan a la administración Trump en nombre de los derechos de sus ciudadanos, sino que lo hacen por sus propios intereses. Los estados reciben un importante reembolso federal para programas de salud y educación según el número de niños que viven dentro de sus fronteras, pero solo si estos tienen estatus migratorio legal.
En otras palabras, dicen los estados, podrían perder mucho dinero si la orden de Trump entra en vigor.
Tanto los jueces progresistas como los conservadores han expresado durante años su preocupación por las medidas cautelares a nivel nacional. Una dinámica clave a observar este jueves será hasta qué punto la mayoría de la Corte Suprema está dispuesta a llegar para abordar estas preocupaciones. Como era de esperar, la administración Trump quiere que la corte llegue hasta el final y elimine por completo las medidas cautelares universales.
El Departamento de Justicia ha argumentado en sesiones informativas que la Constitución prohíbe a los tribunales inferiores emitir órdenes que afecten a estadounidenses que no sean parte en el litigio en cuestión. Y, según el departamento, durante gran parte de la historia del país, el poder judicial federal coincidió con esa evaluación.
“Durante los primeros 170 años de jurisprudencia estadounidense, las órdenes judiciales a nivel nacional eran prácticamente desconocidas”, dijo la administración Trump ante el tribunal.
“Preferiría un sistema con menos de los que hay ahora.Sin embargo, creo que cualquier limitación será una laguna legal por la que se puede pasar un camión”, declaró un alto funcionario del gobierno a la prensa esta semana.
Pero la Corte Suprema también podría adoptar un enfoque más gradual, limitando la pertinencia de las medidas cautelares universales, pero sin prohibir su uso por completo. Los grupos que luchan contra la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump advierten de que eliminar por completo las medidas cautelares universales durante una administración que está forzando los límites de la ley sería un error peligroso.
“Una pregunta será si sus cuestionamientos llegan al poder constitucional de los tribunales federales para emitir tales mandatos judiciales”, dijo Amanda Frost, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.
Pero Frost predijo que, incluso si una mayoría de la Corte Suprema se inclina a ponerse de parte de Trump en el tema de la orden judicial, puede ser difícil llegar allí con el tema de la ciudadanía por nacimiento en segundo plano.
“Si yo fuera una abogada del poder ejecutivo que quisiera limitar el alcance de los mandatos judiciales”, dijo, “este sería el último caso que querría llevar ante el tribunal”.
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Paula Reid y Casey Gannon, de CNN, contribuyeron a este informe.
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