Por Patrick Oppmann
En una casa destartalada de las afueras de La Habana, Heidy Sánchez muestra fotos de una vida pasada.
En su iPhone conserva imágenes de visitas a Sea World con su marido y su hija de 17 meses y de la pareja disfrazada de Papá Noel para Navidad.
“No sé si era el sueño americano”, dijo Sánchez. “Pero era mi sueño, mi familia”.
Ese sueño y esa familia fueron arrebatados a finales de abril cuando Sánchez fue deportada de Florida a su Cuba natal, a pesar de que tanto su hija como su esposo son ciudadanos estadounidenses.
Sánchez cruzó a Estados Unidos desde México en 2019 cuando la primera administración de Trump exigió que los solicitantes de asilo esperaran al otro lado de la frontera para las citas de inmigración como parte del programa “Permanecer en México”.
Pero Claudia dijo que las amenazas de los cárteles, que suelen secuestrar y extorsionar a cubanos, le impidieron acudir a su cita. Cuando finalmente cruzó la frontera, les dijo a los agentes de inmigración que su vida corría peligro en México y le permitieron quedarse. Tras nueve meses bajo custodia de inmigración, fue liberada y pudo reunirse con su familia en Tampa.
Allí estudió para ser asistente de enfermería, conoció a su esposo, un ciudadano estadounidense naturalizado también de Cuba, y después de varios tratamientos de fertilización in vitro (FIV), finalmente realizó su sueño de ser mamá.
Sánchez sostiene que ella no encaja en el estereotipo de los peligrosos inmigrantes indocumentados que la administración Trump dice estar eliminando de las calles de Estados Unidos.
“Nunca tuve ni siquiera una multa”, dijo.
Aun así, con la audiencia de inmigración que se perdió en 2019 y la cambiante suerte política de los inmigrantes cubanos que anteriormente tenían la residencia en Estados Unidos prácticamente garantizada, el tiempo de Sánchez en ese país se estaba agotando.
En abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se comunicó con Sánchez para informarle que una cita que tenía con los agentes se iba programar para el día siguiente. Aun así, sus abogados le dijeron que probablemente se trataba de una cita de rutina. En cambio, cuando se presentó con su hija Kailyn y un abogado, los agentes de ICE le informaron que quedaba detenida y que entregara a su hija a sus familiares.
“Llama al padre para que venga a buscarla, tú te quedas aquí”, dijo Sánchez que le informaron los agentes.
“Les dije: ‘No se lleven a mi hija’”, declaró Sánchez a CNN. “Nunca me dijeron si podía llevármela conmigo o no”.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional negó las versiones de Sánchez y su abogado de que no le dieron la opción de llevarse a su hija con ella.
“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las fuerzas del orden federales para garantizar que estén seguros y protegidos”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
“La administración Trump está dando a los padres que están en este país ilegalmente la oportunidad de autodeportarse y tomar el control de su proceso de salida con la capacidad potencial de regresar de la manera legal y correcta y volver a vivir el sueño americano”, continuó el comunicado.
El abogado de Sánchez afirmó que intentaron detener su deportación argumentando que su expulsión perjudicaría a su hija, a quien estaba amamantando y que sufría convulsiones. Pero dos días después, mientras los abogados de Sánchez solicitaban una audiencia en el caso, ella ya estaba en el aire en un vuelo de deportación a La Habana.
“En casos como este (hay) factores humanitarios muy fuertes, y (Heidy) no merecía ser removida de la forma en que lo fue”, dijo a CNN la abogada de Sánchez, Claudia Cañizares.
Cañizares califica de “turbia” la manera en que Sánchez fue trasladada repetidamente de diferentes instalaciones de ICE, lo que le hizo imposible ver a su cliente, antes de su deportación acelerada.
Ahora, cualquier vía legal para que Sánchez regrese a Estados Unidos probablemente podría demorar años, dijo Cañizares. Sánchez y su familia esperan que la reacción negativa a su historia genere suficiente apoyo público, en particular entre la comunidad cubanoamericana que apoyó a Trump en la contienda presidencial de 2024, para facilitar la reunificación.
“La administración Trump está separando familias por motivos políticos”, publicó la representante estadounidense Kathy Castor (demócrata de Florida) en X junto con una foto de su encuentro con Carlos, el esposo de Sánchez.
“Estamos tomando todas las medidas posibles para reunir a esta familia y, lamentablemente, todavía estamos esperando una respuesta de la Casa Blanca para explicar sus acciones ilegales”, publicó.
Mientras la controversia gira en torno a su caso, Sánchez está luchando por adaptarse a la terrible situación en Cuba, donde los cortes diarios de electricidad y la creciente escasez han hecho que la vida en la isla sea aún más difícil que cuando se fue hace seis años.
Vive en una casa con familiares donde partes del techo se están derrumbando y la electricidad se corta durante horas cada día. La cobertura del único proveedor estatal es tan deficiente en la zona que tiene que caminar varias cuadras o subir al tejado de la casa para llamar a su esposo e hija.
Su familia está a sólo 90 minutos de vuelo de distancia, pero en el futuro inmediato permanece angustiosamente fuera de su alcance.
“Tengo que extraerme la leche que debería alimentar a mi hija y tirarla a la basura”, dijo Sánchez. “Me duele muchísimo hacerlo”.
Ella está constantemente preocupada por su pequeña hija, que tiene problemas para dormir y ha vuelto a sufrir convulsiones tras la deportación de su madre.
“Su padre le pone grabaciones mías cantándole para que pueda dormir”, dijo Sánchez. “Yo sufro, pero sé que mi niña sufre más”.
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Deportada de Florida a Cuba, esta madre vio cómo le arrebataban a su hija estadounidense de 17 meses y su sueño americano News Channel 3-12.
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