Por Belén Liotti, CNN en Español
Este lunes, un juez federal impidió temporalmente que el Gobierno de Trump anule el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de EE.UU. para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura. El Gobierno de Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales.
A principios de este año, el Gobierno de Trump decidió revocar el TPS y eliminar la posibilidad de extensión del beneficio. Originalmente la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, había decidido revocar las protecciones para unos 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS que finalizarían el 7 de abril, tras lo cual podrían ser deportados. También, había otros 250.000 —beneficiados desde 2021— que perderían su TPS en septiembre. La decisión del lunes se aplica a la designación de 2023, que vence en abril.
Los impugnadores de la medida sostuvieron que la repentina reversión de las protecciones por parte de Noem violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de política. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
“¿Por qué no deberían considerarse declaraciones basadas en generalizaciones negativas sobre un grupo de 600.000 venezolanos, sin fundamento, como la definición de racismo?” preguntó el juez Edward Chen, quien impidió la anulación.
Aunque el freno judicial le volvió a dar esperanzas, al menos por un tiempo, a los miles de venezolanos que residen en Estados Unidos, esto no significa que el problema haya desaparecido.
La directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, explicó que “el juez no ha decidido acerca de la causa, el juez decidió acerca de la moción de emergencia, que se introdujo mientras el juicio se lleva a cabo, y él nos otorgó la opción de emergencia, dejando amparados bajo la protección que había dado el exsecretario (de Seguridad Nacional, Alejando) Mayorkas a todos los beneficiarios del TPS mientras se dirime el caso legal en la Corte, que nadie sabe cuánto tiempo puede durar”.
El juez le ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que publique una normativa para que se ejecute la orden por lo que la resolución judicial entrará en vigor una vez que se publique en el registro federal. Según explicó el abogado de inmigración Roberto Ortiz, hasta que o bien la decisión se agregue al registro o bien Trump decida apelar el fallo, la anulación del TPS sigue vigente. El plazo máximo para realizar cualquiera de estas alternativas es de una semana.
“Incluso si eso (la publicación en el registro federal) no sucediera, los venezolanos pueden mostrarles a sus empleadores la decisión del juez y la noticia publicada en el registro federal el 17 de enero por el secretario Mayorkas (…), para que sus permisos de trabajo sigan teniendo vigencia”, dijo Adelys Ferro.
Una vez que se publique en el registro federal, todos los beneficiarios y los postulantes podrán continuar con su proceso “como si nunca hubiera pasado nada”, aclaró Ferro. “Los que están aprobados, siguen aprobados, están vigentes; los que están en proceso, seguirán en proceso y están vigentes”, añadió.
El recurso que tiene el Gobierno de Trump para proceder es apelar la sentencia. En ese caso, la decisión del juez debería ser revisada por la Corte de Apelación y eventualmente podría llegar a la Corte Suprema. Mientras ese proceso se lleva a cabo, tanto la vigencia de los TPS como el trámite de los mismos no se verán interrumpidos.
“El Gobierno, bajo esta orden del juez, no cuenta con ninguna potestad para deportar a un venezolano beneficiario del TPS, sería absolutamente ilegal”, comentó Ferro.
De todos modos, miles de venezolanos, entre ellos muchos que cuentan con el TPS, viven con miedo de ser objeto de detenciones o deportaciones. En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha arrestado a decenas de venezolanos y ha deportado a cientos de ellos.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, a quienes el presidente Nayib Bukele envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington. El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida. Los detenidos no han sido identificados oficialmente y tampoco han sido sometidos a proceso penal alguno. Se espera que el caso llegue incluso a la Corte Suprema de EE.UU.
Pese a que el ICE afirmó que realiza una investigación “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas forman parte de grupos criminales, este lunes el Gobierno de Trump admitió en un expediente judicial que deportó por error a un padre salvadoreño de Maryland a El Salvador “debido a un error administrativo”.
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Con información de Priscilla Alvarez, Angélica Franganillo Díaz y Alejandra Jaramillo de CNN.
Qué puede seguir para los venezolanos en EE.UU. después de que un juez impidiera al Gobierno de Trump anular el TPS News Channel 3-12.
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